El Parlamento de Cataluña ha aprobado una nueva regulación de vivienda que extiende los límites de precio del alquiler a los contratos de temporada con uso residencial y al alquiler de habitaciones, una modalidad que hasta ahora quedaba fuera del control de rentas.

La norma establece que, en las zonas declaradas tensionadas, el alquiler de temporada deberá ajustarse al índice oficial de referencia, igual que los contratos de vivienda habitual. El objetivo es evitar que este tipo de contratos se utilicen para esquivar los límites de precio del alquiler tradicional.

En el caso del alquiler de habitaciones, la ley fija que la suma de las rentas de todas las habitaciones de una vivienda no podrá superar el precio máximo que correspondería al piso completo según el índice. De este modo, se impide que el fraccionamiento de viviendas sirva para aumentar de forma encubierta el precio total del alquiler.

Además, los propietarios deberán justificar el carácter temporal del contrato (por motivos laborales, académicos, médicos u otros similares). Si no se acredita correctamente, el contrato podrá considerarse fraudulento y quedar sujeto a la normativa del alquiler habitual.

La regulación no afecta a los alquileres turísticos, siempre que su uso vacacional esté debidamente acreditado y regulado por la normativa correspondiente.

La ley entra en vigor tras su publicación oficial y ha generado un intenso debate político y jurídico. Mientras el Govern defiende que la medida refuerza el derecho a la vivienda y protege a los inquilinos, los partidos de la oposición y algunos sectores inmobiliarios han anunciado recursos legales al considerar que invade competencias estatales y puede reducir la oferta de alquiler.